24 de noviembre de 2024

POR FRAUDE AL FISCO FORMALIZAN A EXALCALDE DE TUCAPEL Y A OTROS TRES EXFUNCIONARIOS MUNICIPALES

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El fiscal jefe de Yungay, Mario Ortiz Lobos, informó que formalizados por el delito de fraude al Fisco quedaron el exalcalde de Tucapel, José Antonio Fernández Aliste; el exdirector técnico de Obras Municipales, Rodrigo Álvarez Aldea; la exinspectora técnica de Obras, Yohana Burgos Burgos, y el exdirector de Administración y Finanzas, Marco Wholk Caro.

Según expuso el fiscal en la formalización, los imputados incurrieron en omisiones dolosas al incumplir con obligaciones, en función de sus cargos, que les imponía un contrato de recambio de luminarias por tecnología LED para la comuna suscrito con Frontel el 28 de agosto de 2014, lo que generó un perjuicio al municipio por poco más de $99 millones.

El fiscal Mario Lobos expuso que “tanto en las bases administrativas especiales como en el respectivo contrato firmado se estipuló que el costo para la municipalidad se cubriría a través de un sistema de autofinanciamiento generado del ahorro energético del parque lumínico de la comuna por el uso de luminaria LED”.

Dicho ahorro “alcanzaría el 50% del gasto de consumo de las antiguas luminarias, y en el caso que dicho ahorro no fuera suficiente para el pago de la cuota respectiva, éste sería asumido por el proveedor del servicio, en razón que no se estaría dando cumplimiento a la exigencia de ahorro”.

Pero una vez terminadas las obras de instalación de las luminarias, en febrero de 2015, el municipio pagó $850 millones a Frontel, lo que correspondía a la estimación de pago del total de contrato. Es decir, se pagó de forma íntegra y no con el ahorro energético que se tenía contemplado y sin realizar mesas técnicas mensuales, a las que los obligaba el contrato, para calcular ese ahorro.

El Juzgado de Garantía dejó con las medidas cautelares de arresto domiciliario total al exalcalde y con arresto domiciliario nocturno al resto de los exfuncionarios municipales. El plazo para la investigación de la Fiscalía quedó fijado en siete meses.

 

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