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La Fiscalía de Atacama formalizó durante este martes y miércoles la investigación penal en contra de una conocida abogada de Copiapó y Tierra Amarilla y un segundo imputado, quien era su cliente, por delitos de estafa, falsificación y uso malicioso de instrumento público y desacato a una resolución judicial; por hechos ocurridos en el marco de una investigación vigente que se indaga con motivo de la creación de la Corporación Municipal de Fomento al Desarrollo Comunal, Cultural y Productivo (Cordeta) en Tierra Amarilla.
Los argumentos del Ministerio Público fueron expuestos en audiencia por los fiscales de Copiapó, Christian González y Pedro Pablo Orellana, quienes indicaron que a partir de una causa vigente por el delito de fraude al fisco en que fue formalizada la persona jurídica Likar Spa, de propiedad del imputado Javier Salgado, luego de detectarse beneficios irregulares otorgados por dicha empresa hacia las cuentas personales de quienes detentaban los cargos de alcalde y administrador municipal de Tierra Amarilla a la época de los hechos, con fecha 17 de enero de 2020 la Fiscalía de Atacama solicitó y obtuvo, por parte del Juzgado de Garantía de Copiapó, la retención de 121 millones 8 mil 780 pesos que estaban en poder del mencionado municipio y que éste adeudaba a la empresa Likar Spa por concepto de pago del “Proyecto de instalación de viviendas prefabricadas de varios sectores de Tierra Amarilla”.
Medida cautelar real que se decretó en la audiencia a la que asistieron las personas formalizadas este miércoles, Javier Salgado Arán y su abogada de confianza Elizabeth Poblete Astudillo. Dicha decisión judicial fue comunicada al departamento de asesoría jurídica y finanzas de la Municipalidad de Tierra Amarilla. En tanto, dicha resolución fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Copiapó con fecha 29 de enero de 2020.
De acuerdo a los antecedentes que se hicieron públicos en esta audiencia de formalización, ambos imputados, además de un tercero que no se presentó por temas de salud válidamente documentados, idearon un plan destinado a recuperar el monto de dinero retenido por resolución judicial a partir de la simulación de una supuesta deuda y el desarrollo de un juicio ejecutivo paralelo en que, además, se presentó una escritura pública ideológicamente falsa.
La investigación de la Fiscalía reunió antecedentes que dan cuenta que el 20 de enero de 2020 en una notaría del centro de Copiapó, se otorgó escritura pública en que Likar Spa, representada por Salgado Arán, reconocía una deuda en favor de la empresa “Arquitectura y Construcción y Obras Civiles Benja y Martin Ltda” representada por el tercer imputado en esta causa por un monto exactamente igual al que se mantenía retenido ($121.008.780).
Los datos de la causa en investigación indican que la abogada formalizada redactó la escritura pública y en horas de la noche del día 20 de enero, actuando en representación de “Benja y Martin Ltda.” presentó una demanda ejecutiva ante el Segundo Juzgado de Letras de Copiapó en contra de Likar Spa, en pleno conocimiento del embargo del monto en cuestión por el Juzgado de Garantía de la capital regional y confirmada luego por la Ilustrísima Corte de Copiapó; la que se tuvo por interpuesta 8 días más tarde. De esta manera, en la mencionada causa civil el 9 de febrero de 2022 se resolvió emitir un vale vista a nombre de la empresa demandante por la suma antes mencionada, consumando, de este modo, los delitos.
CONSEJO DE DEFENSA DEL ESTADO
En esta causa es querellante el Consejo de Defensa del Estado que en su argumentación avaló el trabajo investigativo del Ministerio Público y los antecedentes indicados en audiencia, agregando que, a partir de la evidencia reunida, quedó de manifiesto que los imputados tenían pleno conocimiento de las acciones llevadas a cabo y que tenían como objetivo recuperar el dinero retenido.
Frente a los hechos indagados, los fiscales González y Orellana comunicaron a los imputados que están siendo investigados por su participación en los delitos de estafa, falsificación y uso malicioso de instrumento público y desacato, motivo por el que solicitaron al Tribunal aplicar, en contra de ambos, su prisión preventiva.
Luego del debate jurídico respectivo dicha medida cautelar fue acogida y decretada por el Juez de Garantía de turno, por considerar que las personas imputadas son un peligro para la seguridad de la sociedad fijándose un plazo de 6 meses para el desarrollo de la investigación y las diligencias respectivas en este caso. Ordenando su ingreso a la cárcel de la capital regional y decretando orden de detención para ambos, para que sean aprehendidos y trasladados para el cumplimiento de la prisión preventiva.
